lunes, 20 de julio de 2009

PARTIDOS POLÍTICOS Andrés Malamud

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Publicado en Introducción a la Ciencia Política, Julio Pinto
(compilador), Eudeba, Buenos Aires, 2003 (cuarta edición).
Capítulo 7
PARTIDOS POLÍTICOS
Andrés Malamud
*
El origen
Los partidos políticos, en la acepción más amplia del término, poseen hoy
una característica significativa: su universalidad. No hay casi país independiente
que pueda exhibir un sistema político carente de partidos, a no ser por dos casos
particulares: un puñado de sociedades tradicionales de estructura familiar-
patrimonial como las que pueblan el Golfo Pérsico, y las dictaduras militares que
son, sin embargo, fenómenos siempre temporarios (Ware 1996). Aparte de tales
excepciones, y no obstante el tipo de régimen, la ubicación geográfica o los
antecedentes históricos, cada estado-nación cuenta con (al menos uno de) estos
actores institucionales. Más aún, ninguna democracia occidental –u
occidentalizada— es concebible sin ellos.
Semejante omnipresencia no implica que todos los partidos tengan la misma
naturaleza ni que cumplan estrictamente las mismas funciones; mucho menos, que
las causas de su existencia puedan encontrarse en leyes sociales universales o en
una ubicua voluntad creadora del hombre. Antes bien, y haciendo un paralelo con la
evolución histórica de la democracia, los partidos aparecen como la consecuencia
no buscada de la masificación de las sociedades y la expansión territorial de los
estados, cuyas dinámicas van a dar lugar a un nuevo fenómeno: el de la
representación política.
*
Instituto Universitario Europeo, Florencia (Italia) y Universidad de Buenos Aires.
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La institución de la representación, como mecanismo a través del cual la
deliberación pública y las decisiones de gobierno se trasladan desde el titular de la
soberanía democrática (el pueblo) hacia sus agentes (los representantes), establece
la frontera histórica y teórica entre la democracia antigua o directa y la moderna o
representativa.
1
Simultáneamente, se produce la separación gradual entre el
gobierno por medio de personas –ya sea en asamblea, consejo o monarquía— y el
gobierno por medio de partidos –party government.
La condición histórica del surgimiento de los partidos fue el incremento de
la participación política, que se verificó fundamentalmente a partir de la
profundización del proceso de urbanización de los siglos XVIII y XIX. Asimismo,
el sustrato indispensable sobre el que se desarrollaron (y al que robustecieron) los
partidos fue el órgano de representación política por excelencia, aquél al que la
ascendente burguesía fue constituyendo en herramienta de control de las medidas
de gobierno: el parlamento (Oppo 1982).
En ese ámbito, los portadores de ideas afines, intereses coincidentes o,
incluso, simpatías personales, elaboraron los primeros lazos de solidaridad de las
que en un principio serían llamadas “facciones”. Con una carga de valor negativa,
este término hacía referencia a las divisiones políticas subnacionales a las que la
concepción organicista, holista y monocrática de la sociedad entonces reinante no
podía menos que calificar de antinatural (Sartori 1980). Sin embargo, el grado de
importancia que tuvieron los elementos antes mencionados (aumento de la
participación, expansión de las atribuciones del parlamento, divisiones sociales) es
materia de debate aún hoy, y distintas posiciones sobre el tema son sostenidas por
relevantes autores (García Cotarelo 1985).
La primera explicación acerca de las causas del surgimiento de los partidos
la esbozó Ostrogorski (1902) y la continuó Duverger (1951), constituyendo la
vertiente de las llamadas teorías institucionales que ponen el acento sobre la
relación con el parlamento. En esta concepción, los partidos se habrían desarrollado
a modo de organizaciones auxiliares de las nacientes –o ampliadas— cámaras
representativas, con el fin de coordinar la selección y las tareas de los miembros de
la asamblea. En consecuencia, puede hablarse de partidos de creación interna (al
parlamento, como el Partido Conservador inglés) o externa (cuando no son creados
dentro de los canales institucionales sino por fuera de ellos, desde la sociedad,
como el Partido Laborista inglés). Este último reconocimiento debilita el argumento
central, ya que relativiza la verdadera influencia del órgano legislativo sobre la
formación del partido.
En contraposición con esta postura, Seymour Lipset y Stein Rokkan (Lipset
& Rokkan 1967) desarrollaron un poderoso marco teórico que concilia el método
histórico con el comparativo. Ellos explican la aparición de los distintos partidos a
partir de una serie de crisis y rupturas históricas que dividieron a las sociedades
nacionales cuando aún no estaban consolidadas como tales, y provocaron, en cada
quiebre, la formación de agrupamientos sociales enfrentados por el conflicto en
cuestión. La crítica que se le hace a este enfoque es que limita su pretensión
1
Según el modelo clásico de Benjamin Constant (Manin 1993).
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explicativa al hemisferio occidental, y principalmente al escenario europeo por ser
la fuente empírica de su observación de campo.
Por último, La Palombara y Weiner (1966) adscriben más fielmente a las
teorías del desarrollo, y entienden la aparición de los partidos como una
consecuencia natural de la modernización social y de las necesidades funcionales
del sistema político. Como todas las teorías generales, la dificultad de esta
aproximación consiste en que las correlaciones detectadas entre las variables no
justifican necesariamente un orden causal, ni mucho menos excluyente. Un análisis
exigente sobre la génesis de los partidos debería contemplar la medida en que cada
caso particular responde a distintos factores, sean estos institucionales, históricos o
estructurales; pero una ponderación global que busque generalizar las regularidades
detectadas aún no se ha logrado.
Es necesario mencionar que las descripciones evolutivas que se realizan
generalmente acerca del surgimiento de los partidos toman como paradigma al
proceso británico, porque incluso el francés y el norteamericano difieren en su
modalidad y sus tiempos. Empero, en todos los casos, compartieron la mala fama de
ser percibidos inicialmente como agrupaciones facciosas que actuaban en desmedro
del bien común persiguiendo sus intereses egoístas.
2
A pesar de que el origen de los partidos estuvo signado por el desprecio
generalizado, su crecimiento en prosélitos y tareas se desarrolló sostenidamente;
carecieron, sin embargo, de una justificación teórica lo suficientemente difundida
como para aceptarlos con algo más que resignación. Puede tomarse como acta de
nacimiento formal de los partidos a la Reform Act (reforma electoral) dada en
Inglaterra en 1832, lo que implica considerar a todas las asociaciones políticas
sectoriales anteriores a esa fecha como antecesores de los partidos modernos. Sin
desmerecimiento para ellos, como protopartidos calificarían inclusive las fracciones
tories y whigs existentes en Gran Bretaña con anterioridad a la reforma, así como
también las formaciones prepartidarias de federalistas hamiltonianos y republicanos
jeffersonianos en los Estados Unidos posteriores a la jura de la constitución.
Pese a que, como se dijo, los partidos en su acepción moderna empiezan a
contar sus años desde principios del siglo XIX, a fines del anterior Edmund Burke
3
ya había construido lo que sería la primera diferenciación intelectual entre partidos
y facciones. Hollando sendas previamente transitadas por sus compatriotas Hume y
Bolingbroke, Burke llegó más allá al comprender que la existencia de divergencias
en el seno de la sociedad (y de sus representantes) era una realidad ineludible, pero
tales divisiones podían ser canalizadas a fin de mejorar la organización del gobierno
y el control de la monarquía.
El disenso, en suma, debía ser aceptado, ya que el aumento de la tolerancia
política y religiosa conduciría al robustecimiento de una sociedad pluralista. La
institucionalización de grupos diversos, a través de asociaciones representativas de
2
Por ejemplo, sostuvieron esta opinión en Estados Unidos los autores de El Federalista (Madison, Hamilton
y Jay), en Francia el Barón de Montesquieu y en Inglaterra el pensador y político Edmund Burke (Sartori
1980).
3
Más precisamente en 1770, en sus “Thoughts on the cause of the present discontents” (Sartori 1980).
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cada parte, los haría converger en el objetivo de coadyuvar al interés común del
gobierno nacional.
La naturaleza
Hay diversos criterios para clasificar a los partidos; el que se vaya a adoptar
depende de las hipótesis que orienten la investigación o el análisis. Resulta
entonces que las tipologías con que nos manejamos están históricamente
determinadas por las preocupaciones sociales, las inquietudes ideológicas y el
marco teórico de cada autor. Así, la desilusión sufrida por Robert Michels respecto
del partido socialdemócrata alemán lo llevó a buscar la causa del mal
funcionamiento de los partidos en su estructura interna de carácter oligárquico
(Michels 1911), mientras que Antonio Gramsci, por el contrario, manifestó en los
años 30 la matriz marxista de su análisis sociopolítico al concebirlos como
organizaciones definidas por la clase social que los integra (Gramsci 1975).
Las controversias respecto del enfoque a través del cual los partidos deben
ser estudiados mantienen plena vigencia, y este debate no resuelto ha llevado a
algunos autores a negar la existencia de una teoría de los partidos (Tonelli 1992).
Existen, sí, descripciones detalladas de aspectos parciales de algunos partidos –
principalmente occidentales, si no puramente europeos—, y también
modelizaciones más generales y abarcativas (Von Beyme 1982; Panebianco 1990);
pero ello no es suficiente para formular una teoría general. Según esta perspectiva,
el estudio de la materia estaría un paso atrás del alcanzado para otros conceptos
políticos, como la democracia o el estado. Otros autores, sin embargo, plantean la
existencia efectiva de varias –si no una— teorías sobre los partidos, en
contraposición con la ausencia de esquemas similares para abordar el estudio del
gobierno (Blondel & Cotta 1996b).
Para simplificar la miríada de posiciones sostenidas por los académicos,
puede construirse una tipología triple de los partidos en función de los siguientes
ejes: 1) su base social, 2) su orientación ideológica y 3) su estructura
organizativa (Panebianco 1990). La mayoría de los trabajos sobre esta temática, si
no todos, cabalgan sobre uno de estos criterios o sobre una combinación de ellos.
Los enfoques que hacen hincapié en la base social de los partidos provienen,
generalmente, o de estudiosos de la sociología o de cultores de las diversas
versiones del materialismo dialéctico. Sin embargo, también varios escritores
populistas y nacionalistas no marxistas también han privilegiado esta perspectiva
desde una valoración opuesta. Así, mientras unos comprenden a los partidos como
agentes portadores de la identidad de clase, que los transforma en vehículos de
división social en el marco de una sociedad estratificada horizontalmente, otros los
conciben como el instrumento político de un movimiento de integración
policlasista, nacional y/o popular, que licua las diferencias de clase y procesa el
conflicto de manera vertical. También suelen ser percibidos como parte de este
último grupo los partidos de los Estados Unidos, donde la menor relevancia de las
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diferencias de clase en un contexto de amplia movilidad social ha producido una
mayor elasticidad en la identificación política.
La taxonomía más habitual para clasificar a los partidos, de acuerdo con su
base social, es aquélla que los divide en obreros y burgueses, aunque es necesario
agregar la categoría de partido populista para los casos que abarcan una amplia
masa multiclasista. Los primeros caracterizan sobre todo a los países desarrollados
(principalmente de Europa occidental o de raíces culturales anglosajonas), el último
predomina en las naciones en vías de desarrollo. En ciertos estados, la
heterogeneidad social puede llevar a la formación de partidos campesinos, o bien
representativos de minorías étnicas, lingüísticas o religiosas. Tal diversidad, para
estos autores, no hace más que corroborar que lo que define a un partido es su
sociología (Are & Bassani 1992).
En este aspecto resulta fundamental el análisis de los clivajes
4
sociales, las
líneas de ruptura constituidas alrededor de conflictos trascendentes que separan a
los miembros de una comunidad en función de sus posiciones al respecto. Los
grupos entonces definidos cristalizan sus identidades en torno al problema en
cuestión, y los futuros antagonismos y alianzas cobran significado a la luz de las
causas que originaron las divisiones. Más adelante se tratará en extenso este tema.
A diferencia del enfoque anterior, quienes sostienen que el elemento
distintivo de cada partido es su orientación ideológica afirman que los objetivos de
la organización, y no su composición social, son lo que determinan su accionar. La
principal tipología se construye entonces en torno al par derecha-izquierda, que a
partir de la Revolución Francesa en 1789 se ha transformado en el criterio por
excelencia para ordenar las ideas políticas. A pesar de que la definición de estos
conceptos es más bien ambigua, pueden aceptarse como válidos dos asertos: por un
lado, las fuerzas de izquierda tienden generalmente a cambiar el estado de cosas de
la sociedad, preferentemente en favor de los sectores más bajos de la población,
mientras que las de derecha pretenden mantener la situación social dentro de los
límites estructurales en que se encuentra; y por otro, la izquierda propone una
mayor intervención del estado en la economía y las políticas sociales –acentuando
el valor igualdad—, al tiempo que la derecha contemporánea suele sostener la
conveniencia de la no ingerencia estatal y la primacía del mercado para la más
eficaz asignación de recursos entre los hombres –recalcando el valor libertad
(Bobbio 1995).
En función de lo expuesto, resulta obvio que muchas veces la integración
social de los partidos y sus programas coinciden, en el sentido de que una mayor
base obrera o de sectores trabajadores se asocia con una ideología más combativa y
transformadora; en tanto, los partidos de composición burguesa o de clases medias
tienden a tener menos elementos revolucionarios y de cambios profundos en su
discurso que los otros. No obstante, esta asociación no se produce necesariamente:
como advirtiera Marx con claridad, la clase en sí y la clase para sí no siempre van
4
El concepto de clivaje (cleavage) puede definirse como "división social políticamente relevante"; en
consecuencia, no implica cualquier fractura dentro de una sociedad, sino sólo aquélla que impacta sobre el
sistema político a través de la organización (Bartolini & Mair 1990).
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de la mano, y los intelectuales radicalizados o los obreros conservadores no son un
fenómeno extraño en la política occidental. Por lo tanto, esta categoría de análisis
de los partidos es independiente de la anterior, aunque ambas resulten
recíprocamente condicionadas.
La tradición de sindicar a los partidos, de acuerdo con su ideología, como de
izquierda, centro o derecha, se complementa con otro elemento distintivo: el grado
de moderación o radicalización de los postulados programáticos. Queda abierta así
la posibilidad de considerar en un mismo grupo a los partidos que, solos o en
coalición, se orientan hacia el gobierno y tratan de conseguir el poder dentro de las
reglas del régimen político, llamados también partidos moderados o del sistema; y
en un segundo grupo a los que, rechazando el sistema tal como se encuentra
estatuido, se esfuerzan en combatirlo por medios más o menos legítimos con el
declarado objetivo de cambiar el régimen antes que al gobierno: éstos son los
partidos antisistema o extremistas.
Esta última categoría, como se ve, considera ante todo la postura del partido
hacia el sistema político en particular, pero también pueden evaluarse los
fundamentos filosóficos que sustentan tal actitud. En ese sentido, la creación del
"hombre nuevo", la supremacía de la nación, la revolución social o la purificación
racial aparecen como el elemento sustancial de la ideología partidaria, y su
enfrentamiento con el sistema y los demás partidos son el fenómeno consecuente y
no el esencial. No obstante, ya sea la cosmovisión profunda o la disposición hacia
el régimen, el hecho definitorio de esta clasificación es su "idealidad", en oposición
a la "materialidad" de la composición social.
Finalmente, una tercer perspectiva desplaza el foco tanto de la base social
como de la orientación ideológica, para centrarse en aquello que distingue a los
partidos modernos de cualquier otro grupo organizado que históricamente haya
cumplido funciones similares, a la vez que los acerca al aparato burocrático dentro
del cual funcionan –y al que sin duda emulan, aspirando a la larga a controlarlo—:
el estado. Desde los estudios pioneros de Mosei Ostrogorsky (1902), Robert
Michels (1911) y Max Weber (1922) este enfoque ha gozado de una amplia
aceptación, aunque luego de las primeras décadas del siglo, principalmente a partir
del aumento visible de la amenaza soviética y de sus partidos satélite en Occidente,
fue perdiendo terreno a manos de las taxonomías antes mencionadas, en las que la
clase y la ideología asumen una mayor capacidad explicativa.
Sin embargo, y sobre todo a partir de los años 80, la teoría de la organización
ha recuperado para la ciencia política la potencia heurística de este paradigma, y
continúa a través de la obra de Angelo Panebianco (1982) la tradición histórica
cimentada por Weber y sostenida, con mayor o menor fidelidad, por Maurice
Duverger (1951) y Anna Oppo (1976). De esta cuestión en particular se tratará
detalladamente más adelante.
Lo que importa destacar aquí es que los partidos, al ser concebidos en cuanto
organizaciones, se suponen movidos por fines propios que trascienden los objetivos
que les dieron origen, al tiempo que también superan y transforman los intereses de
los individuos que los integran –sean estos intereses de clase o de cualquier otro
tipo. En este aspecto, la aborrecida metamorfosis descripta por Michels no sería una
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perversión ni una patología, sino, en realidad, el modus operandi natural de los
partidos: a lo largo de su existencia, la sucesión o articulación de fines tiene lugar
convirtiendo a la asociación en un ente cada vez más simbiótico con su ambiente,
con menor capacidad (o voluntad) para reformarlo que en sus orígenes. El grado en
que un partido establece estrategias de adaptación o de predominio sobre la realidad
exterior depende de la fortaleza de su institucionalización; o, en otras palabras, del
modo en que la cristalización histórica de sus características fundacionales impactó
sobre su autonomía y su nivel de sistematización interna.
Más allá de la perspectiva preferida por cada autor, y aún de la utilidad que
una u otra pueda ofrecer para tipos particulares de investigación, parece sugerible
evitar cualquier índole de determinismo: ni el sociológico, basado en la
composición de clase; ni el teleológico, reducido a la ideología o los objetivos
manifiestos; ni el organizativo, acotado a la estructura interna; ni el sistémico,
precisado por la interacción con otros partidos y con las instituciones de gobierno,
pueden abarcar por sí solos todas las dimensiones del fenómeno partidario. Más
bien, estos aspectos son elementos concurrentes en la conformación de los partidos.
Los tipos
La clasificación más extendida de los partidos, retomada con mínimas
variaciones por la mayoría de los autores, es la que los distingue primariamente
entre partidos de representación individual y partidos de representación de
masas (Weber 1922; Duverger 1951; Oppo 1976; Panebianco 1982). Aunque el
nombre de las categorías puede sugerir que es la base social la que organiza la
taxonomía, en realidad el criterio clave es el histórico-organizativo. Esto es así
porque los dos tipos de partido son característicos de épocas consecutivas,
separadas entre sí por el proceso político que condujo a la adopción del sufragio
universal. En consecuencia, y aunque debe advertirse que ambas clases de partido
pueden coexistir simultáneamente, lo que se ha dado habitualmente es la
transformación progresiva de un tipo hacia otro, a medida que la necesidad de
legitimidad y apoyo (militancia, financiamiento y, sobre todo, votos) decretó la
inviabilidad o futilidad de una existencia sin mayor respaldo electoral. El periodo
clave de esta metamorfosis transcurrió entre la última década del siglo pasado y las
dos primeras del actual, tanto en la cuna europea como en las nuevas naciones de
América.
Quienes tomaron la iniciativa fueron, a este respecto, los partidos socialistas
y obreros en general, ya que debieron asumir el desafío de canalizar la participación
política de las masas que se incorporaron a la arena electoral a partir de la
ampliación del sufragio. El referido fenómeno de masificación de la política se
manifestó fundamentalmente en el ámbito de estos auxiliares institucionales del
estado que son los partidos, dado que debieron adecuarse a las necesidades de
socialización, movilización, reclutamiento y, sobre todo, búsqueda de sentido que la
nueva realidad habría de adoptar para los nuevos ciudadanos.
Las asociaciones de notables se caracterizaron por su dependencia total
respecto de los caballeros –gentlemen, honoratiores— o las familias que las habían
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patrocinado, y cualquier disputa personal entre sus miembros podía implicar la
ruptura del partido y el enfrentamiento consiguiente de las nuevas partes en
conflicto, constituidas por los jefes y sus séquitos incondicionales. Con la misma
facilidad se producían también los acercamientos y las alianzas, basados en
intereses coyunturales que convergían en necesidades comunes. La manera en que
estas formaciones organizaban su accionar resulta harto diferente a la de los
actuales partidos de masas: el representante parlamentario tenía absoluta libertad
para decidir su posición en el recinto legislativo, de acuerdo al leal "saber y
entender" que las doctrinas de la época asignaban a los hombres probos. Las
opiniones de los notables se intercambiaban en los clubes, antecedentes lejanos del
comité, donde transcurrían las tertulias de las que estaban naturalmente excluidos
quienes no pertenecieran a los sectores elevados de la población. Los asambleístas,
comunes, diputados o legisladores no representaban a sus electores más que a título
formal (eran elegidos por distritos territoriales), ya que expresaban sus intereses de
grupo en nombre del bien común de la nación.
El modo privilegiado de expansión de estas primeras formaciones partidarias
era la cooptación. El mecanismo consistía en la atracción individual de las personas
que fueran consideradas, por las camarillas de los grupos establecidos, como
importantes (o peligrosas) para la defensa de los objetivos planteados. Su
instrumentación requería muchas veces la distribución de prebendas y beneficios
estatales o la promesa de una carrera venturosa, puesto que la ideología todavía no
se concebía como motivo para participar en la honorable actividad política. Los
casos más notorios, y más antiguos, de esta clase de partidos lo configuraron las
agrupaciones tradicionales inglesas, los tories (conservadores) y los whigs
(liberales).
Cuando los sostenedores de las teorías socialistas, mayoritariamente
marxistas, se enfrentaron con la apertura electoral que las luchas obreras habían
finalmente conseguido, los partidos que fundaron debieron recurrir a métodos
totalmente nuevos de acción política. El principal problema resultaba ser el de la
ignorancia, traducida políticamente como incompetencia, de las masas trabajadoras,
por lo que las imprentas se constituyeron en las herramientas fundamentales tanto
para la agitación como para el adoctrinamiento. La fuerza de las organizaciones de
izquierda en el siglo XIX dependía esencialmente de la importancia de su prensa
partidaria. Cabe acotar que en la época de referencia todos los periódicos eran
espacios de opinión, ya que la información imparcial tal como hoy se la conoce no
era técnicamente posible –ni valorativamente apreciada.
La incorporación de militantes, una figura política novedosa, comenzó a
realizarse a través del procedimiento masivo del reclutamiento, practicado sobre
todo en las fábricas y las áreas de mayor concentración urbana. Una característica
central fue que los ingresantes de este modo a la estructura partidaria comenzaban
su carrera desde abajo, en vez de hacerlo desde la cúpula como ocurría con las
figuras en los partidos de notables.
Pero uno de los elementos más trascendentes de esta etapa de la
organización partidaria fue, sin duda, la disciplina del bloque en el parlamento. El
mandato libre fue rechazado como norma de acción, para adoptar todos los
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representantes del partido una posición unificada ante cada tema de debate en la
cámara. El corolario de esta práctica consistió en que las autoridades colegiadas de
la organización fijaban su línea política, a la que los legisladores debían ceñirse so
pena de revocación del mandato.
Las consecuencias de esta transformación sobre la teoría de la representación
y sobre las ideas políticas resultaron tan impactantes como las de la nueva
estructura interna de los partidos lo fueron para la teoría de la organización y las
prácticas políticas. Es por este último aspecto que han sido llamados partidos
organizativos de masas o, simplemente, partidos de aparato, en alusión a la
poderosa estructura burocrática que debieron construir para coordinar el gigantesco
proceso de movilización de las masas. El modelo histórico más importante de este
tipo de partidos fue el Socialdemócrata Alemán, fundado en 1869 por Bebel y
Liebknecht y fortalecido en 1875 a partir de su unificación con los lasalleanos; pero
virtualmente todas las fuerzas socialistas y comunistas de Europa se organizaron de
esta manera. A su vez, los partidos burgueses que pretendieran competir con éxito
contra sus nuevos adversarios debieron adoptar mecanismos de articulación
burocráticos, con funcionarios profesionales de tiempo completo que se dedicaran a
las tareas de contraagitación y movilización electoral; en caso contrario, sus
posibilidades de supervivencia hubieran resultado escasas.
Poco a poco, sin embargo, el desarrollo económico y los avances
tecnológicos fueron modificando la estructura clásica de las sociedades europeas,
diluyendo las rígidas fronteras de clase y multiplicando los niveles de
estratificación horizontal. En conjunción con el desarrollo de los medios masivos de
comunicación, esta transformación fue produciendo el debilitamiento de las
identidades subculturales, homogeneizando internamente a las sociedades
nacionales en términos de sus visiones del mundo –weltaschauung— al mismo
tiempo que las fragmentaba económicamente. En consecuencia, los partidos
debieron acoplar sus estrategias de acumulación a las nuevas condiciones, que
exigían una reducción de la pureza doctrinaria para ampliar la base de apoyo –sin
perder en el camino al electorado tradicional— y, por lo tanto, la consideración de
las opiniones de quienes no formaban parte de la estructura pero podían definir su
éxito o su fracaso. La lealtad a los partidos deja de ser una exigencia de la identidad
de grupo o clase, pues la diversificación de roles así lo determina; al mismo tiempo,
éstos también pierden su indispensabilidad como organización mutual, pues los
servicios brindados previamente sólo por ellos
5
son ahora garantizados por la
estructura creciente del Estado de Bienestar.
Los nuevos partidos fueron definidos como electorales de masas,
profesional-electorales o, en su caracterización más fuerte, como partidos escoba
o atrapatodo (catch-all, Kirchheimer 1968), en función de su apelación a la
sociedad en general por encima de las divisiones de clase. Ya no son los notables ni
los militantes sino los electores los dueños formales del partido, el que sólo les
5
La figura con que se suele definir la omnipresencia de estos partidos es "desde la cuna a la tumba",
haciendo referencia a la atención ofrecida desde guarderías infantiles hasta sepelios y sociedades de
cremación; tomado de Sigmund Neumann por Bartolini (1991: 239).
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solicita su adhesión a la hora del voto y trata de reducir los demás costos de la
participación. Las peculiaridades de este tipo se observan más claramente en los
Estados Unidos de América, aunque la tesis de Kirchheimer apuntaba a la
transformación de los partidos de aparato, que nunca han existido como tales en el
país del norte. El peso de la autoridad partidaria es menor que el de los
representantes en el congreso, lo cual debilita la disciplina partidaria, y es realmente
el jefe del ejecutivo (o los líderes de la oposición parlamentaria) el que define la
línea política. La movilización se realiza especialmente en ocasión de las campañas,
y el financiamiento se traslada desde las cuotas de los afiliados y simpatizantes
hacia las contribuciones de las empresas, los grupos y, eventualmente, el gobierno
(Zuleta Puceiro, Ferreira Rubio, Giordano Echegoyen & Orlandi 1990). In extremis,
algunos especialistas han llegado a afirmar que en Estados Unidos los partidos son
meros contenedores vacíos, o que directamente no existen (Katz y Kolodny 1994).
MODELOS DE PARTIDO SEGUN PANEBIANCO
P
ARTIDO BUROCRÁTICO DE MASAS
P
ARTIDO PROFESIONAL ELECTORAL
a) Papel central de la burocracia
(competencia político-administrativa).
a) Papel central de los profesionales
(competencias especializadas).
b) Partido de afiliación, con fuertes lazos
organizativos de tipo vertical y que se
dirige sobre todo a un electorado fiel.
b) Partido electoralista, con débiles lazos
organizativos de tipo vertical y que se
dirige ante todo al electorado de opinión.
c) Posición de preeminencia de la dirección
del partido; dirección colegiada.
c) Posición de preeminencia de los
representantes públicos; dirección
personificada.
d) Financiación por medio de las cuotas de
los afiliados y mediante actividades
colaterales.
d) Financiación a través de los grupos de
interés y por medio de fondos públicos.
e) Acentuación de la ideología. Papel
central de los creyentes dentro de la
organización.
e) El acento recae sobre los problemas
concretos y sobre el liderazgo. El papel
central lo desempeñan los arribistas y los
representantes de los grupos de interés
dentro de la organización.
Extraído de Angelo Panebianco (1990: 492).
El principal contraste observable entre los partidos norteamericanos y los
europeos –debido en parte a las distintas necesidades funcionales de los sistemas
presidencial y parlamentario— reside en que en el primer caso los partidos actúan
simplemente como patrocinadores de candidaturas, mientras que en el viejo
continente efectivamente gobiernan. Lo que en Estados Unidos implica un amplio
margen de maniobra y un muy flexible programa político, en Europa se ve
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generalmente restringido por mayores obstáculos doctrinarios, financieros y
sistémicos, ya que del acatamiento a la disciplina del partido depende la estabilidad
del gobierno. Sin embargo, la progresiva dilución de las identificaciones
partidarias, el crecimiento lento pero constante de la apatía electoral y la desmesura
de las expectativas sociales en relación con la gestión pública de los partidos abre
un signo de interrogación sobre las formas futuras de la intermediación partidaria.
Definición, organización y funciones
Una vez descripta la evolución de los partidos y de las formas por ellos
asumidas en los distintos periodos históricos, están dadas las condiciones para
avanzar hacia el punto por el que hubiera correspondido comenzar según un criterio
estrictamente lógico: la definición del concepto.
Esta inversión premeditada del orden de la argumentación se debe a la
dificultad de la tarea. En efecto, la simple observación y el sentido común alcanzan
para describir a los partidos y enumerar sus actividades, pero no para establecer
taxativamente qué es –y qué no es— un partido. A ello se suma la polémica sobre el
grado en que una característica es más determinante que otra (a la hora de
clasificarlo) o uno de sus roles adquiere mayor o menor relevancia (cuando se
evalúa su función).
Tanta es la complejidad de la cuestión que uno de los principales
especialistas en el tema, Giovanni Sartori, brinda una definición de los partidos que
limita su validez a las naciones occidentales –u occidentalizadas— posteriores a la
Segunda Guerra Mundial. Pese a expresar cierto grado de necesaria generalidad, su
definición deja afuera a partidos como el Nacional Socialista Alemán de Adolf
Hitler, el Federalista norteamericano de George Washington o, en Argentina, el
Autonomista Nacional de Julio A. Roca. El argumento restrictivo sostiene que de
ampliarse la definición, sea en términos temporales o geográficos, se diluiría la
capacidad descriptiva del término y retornaría la ambigüedad semántica.
Sartori sostiene concisamente que "un partido es cualquier grupo político
identificado con una etiqueta oficial que presenta a las elecciones, y puede sacar en
elecciones (libres o no), candidatos a cargos públicos" (Sartori 1980: 91). Los
elementos claves pueden enumerarse así: grupo político, etiqueta oficial,
elecciones, candidaturas viables, cargos públicos. Acerca de los fines, la ideología,
la composición social o los valores no hay mención alguna. ¿Es esto sorprendente?
Sin duda, para el no iniciado sí lo es. No obstante, Sartori no niega que los partidos
puedan poseer esas características: lo que objeta es que sean su materia constitutiva.
Siguiendo la metodología weberiana para la definición del estado y de los mismos
partidos, ahora se hace hincapié en el medio específico de la asociación a explicar,
aquél que la distingue de todas las demás: en este caso, la lucha por el poder a
través de las elecciones.
Quedan desterrados del paraguas cobertor del término "partidos", entonces,
aquellos grupos políticos autoritarios o totalitarios que, habiéndose adueñado del
poder del estado, proscriben a los demás partidos y anulan las elecciones, sin volver
a convocarlas durante su gestión. Pero también se descarta como objeto de la
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definición a los pequeños partidos que, presentándose en elecciones, no obtienen en
ningún momento los cargos públicos por los que compiten: a ello se hace referencia
con el concepto candidaturas viables. La etiqueta oficial implica que el
reconocimiento legal constituye al partido como tal, descartando la misma
condición a los movimientos políticos ilegales –sean o no violentos.
La definición de Sartori conserva manifiestamente dos de los tres principios
de la conceptualización de Julien Freund y Carl Schmitt sobre la política (Schmitt
1963), a saber: el componente agonal o de lucha (amigo-enemigo, expresado más
pacíficamente mediante las elecciones) y el componente de lo público (público-
privado, expuesto en la ambición de candidatearse ante la comunidad para aspirar a
cargos públicos). Más embozado, se mantiene sin embargo en estado latente el
componente de la dominación (mando-obediencia, implícito en la búsqueda de
ocupar el aparato estatal).
Las obras de Joseph Schumpeter (1942) primero y de Anthony Downs
(1957) más adelante, encuadradas dentro de las teorías económicas de la acción
humana, han descripto a los partidos según una imagen en extremo gráfica e
ilustrativa. Estos autores aplican una metáfora del funcionamiento del mercado
económico, concibiendo a la democracia (o sistema competitivo de caudillos o
partidos) como un mercado político en el cual los líderes partidarios cumplen el rol
del empresario, que dentro de una firma (el partido) desarrolla la tarea de producir,
promover e intercambiar una serie de bienes o servicios (decisiones y políticas
públicas, o bien cargos y prebendas) por un recurso de poder que hace las veces de
dinero: el voto.
En este escenario, el electorado es comparado con el público consumidor (en
la visión de Schumpeter, irracional y manipulable masivamente; en la de Downs,
compuesto por individuos egoístas que maximizan su interés), que en mayor o
menor medida define la suerte de los competidores con su decisión de comprar
(votar) la oferta de uno o de otro. Más allá de que el acento se coloque sobre los
líderes o sobre el elector, la alegoría del mercado abdica definitivamente de la idea
de bien común, para centrar la acción del partido en la búsqueda de distintos tipos
de recompensa para sus líderes y seguidores. Ello de ningún modo ignora la
posibilidad de la acción altruista: simplemente, la incorpora como una posible
motivación individual más.
Si bien el enfoque económico fue originalmente aplicado a la descripción del
funcionamiento de los regímenes políticos, se lo ha utilizado con frecuencia para
explicar el rol de los partidos. Existen sin embargo criterios más amplios, que
llegan a ser aceptados por la mayoría de la comunidad académica no obstante la
tradición de pensamiento en la que se abreve. La función o tarea que se considera
habitualmente propia de los partidos es la de fungir como actores de intermediación
entre la sociedad y el estado: el grado de liberalización de la sociedad y el tipo de
régimen político del estado determinarán con cuál polo de la diada hay mayor
cercanía en cada caso histórico.
Lo que resulta claro es que las funciones de los partidos pueden definirse, en
principio, de acuerdo al carácter ascendente o descendente de la corriente de
interacción: cuando fluye desde abajo –la sociedad— hacia arriba –el estado—, las
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333
tareas básicas serán la agregación y el filtro de las demandas (en una sociedad de
masas, el gobierno no puede prestar atención a las inquietudes individuales de cada
ciudadano; pero, a la vez, la suma de dichas inquietudes personales implica la
exclusión o neutralización de las que no pueden compatibilizarse entre sí), la
movilización e integración social (sobre todo en los procesos de desarrollo, donde
canalizan las emergentes ansias de participación dentro de los cauces
institucionales) y la estructuración del voto (los partidos no existirían si la gente
no votara, pero la decisión del voto está construida y condicionada en torno a la
disposición existente de partidos).
En cuanto a la fase descendente de la labor de los partidos, las funciones
cumplidas abarcan desde el reclutamiento de las elites y personal político (los
líderes se forman dentro de las estructuras partidarias o bien son cooptados por
ellas, ya sea para formar parte del gobierno o para mejorar las chances electorales
del partido) hasta la toma de decisiones y la formación de políticas públicas (a
través de la formulación de programas o plataformas y su implementación desde los
ámbitos de autoridad) (Bartolini 1986).
En suma, la actividad que realizan los partidos puede ser resumida en los
conceptos de representación (de la sociedad en el estado) y gobierno (sobre la
sociedad por el estado). Si predomina la primera, se estará en presencia de una
nación más pluralista y con mayor autonomía de sus grupos de interés o de
identidad, respondiendo a lo que Robert Dahl ha denominado poliarquías –cuando
el control sobre los líderes es efectivamente ejercido por los no líderes (Dahl &
Lindblom 1953; Dahl 1971). Si es a la inversa, el caso en cuestión responderá a una
pauta de menor autonomía societal, mayor control de los gobernantes sobre los
gobernados y jerarquización más rígida de las relaciones sociales. La relación entre
el gobierno (poder ejecutivo) y el o los partidos que lo sostienen fue escasamente
estudiada, aunque últimamente se le haya prestado mayor atención a este aspecto.
Blondel y Cotta (1996a) han contribuido al debate con un modelo de análisis que
permite evaluar si hay autonomía entre ambos polos o, por el contrario,
dependencia de uno sobre el otro, a partir del manejo de las designaciones de
funcionarios, la decisión de políticas públicas y el patronazgo estatal.
Las características que pueden presentar los partidos, y que los diferencian
entre sí más allá de sus funciones comunes, fueron descriptas exhaustivamente por
Panebianco (1982) en su análisis de los modelos de partido. Este autor define seis
áreas de incertidumbre, cuyo mayor o menor control por parte de la dirigencia
partidaria determina el perfil de la organización y sus expectativas de supervivencia
y éxito. Ellas son a) la competencia, o indispensabilidad para cumplir una función,
lo que excede el mero saber técnico; b) las relaciones con el entorno, lo que
incluye la capacidad para establecer alianzas y conflictos con otras organizaciones;
c) la comunicación, esto es, el control ejercido sobre los canales de información
interna y externa; d) las reglas formales, entendida como la facultad de
interpretación para aplicar u omitir los estatutos; e) la financiación, o control del
flujo de dinero; y f) el reclutamiento, que implica la definición de los requisitos de
admisión, carrera y permanencia. Todos estos recursos, como ya habían percibido
entre otros Michels y Weber, son tendencialmente acumulativos; por lo tanto, la
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concentración de algunos genera como frecuente resultado el aumento de los
demás.
En consecuencia, la composición de la coalición dominante (nombre con el
que Panebianco denomina a la dirigencia partidaria, puesto que es concebida como
compuesta por más de un líder y con un alcance más amplio del que los límites
formales de la organización permiten apreciar) y su configuración (básicamente su
cohesión, estabilidad y poder) dependerán de la medida en que sus miembros logren
adueñarse de los recursos de control sobre las áreas de incertidumbre, garantizando
el éxito o, al menos, la supervivencia de la organización. Esta capacidad del
liderazgo depende del grado de fortaleza institucional alcanzado por el partido.
Sistemas de partido
Se hace evidente al análisis el hecho de que los partidos, por definición, no
actúan solos en un medio aislado sino que están en interacción permanente con las
otras "partes" (partidos) del ambiente. En este sentido, se diferencian de la
burocracia y las demás instituciones estatales porque, a título individual, carecen de
monopolio alguno de representación o función. Esta característica excluye el caso
de los partidos únicos, pero como se ha visto, tal condición distorsiona la idea
misma de partido (Bartolini 1986).
En lugar de poseer en exclusividad las atribuciones legales de
representación, cada partido compite en un espacio más o menos abierto, de
acuerdo al marco general del régimen político, por la obtención del voto popular
que le otorgue mayor capacidad de influir en la toma de decisiones públicas –vis à
vis los adversarios electorales. En consecuencia, su accionar está condicionado por
las restricciones jurídicas, el ordenamiento social y las pautas culturales, pero
también por la presencia, fortaleza y estrategias de los demás partidos. Las
corrientes de interacción que se determinan entre ellos dan lugar a un conjunto
interrelacionado, de tal modo que la modificación de cualquier de sus elementos
provoca cambios en los demás. Esto es lo que se conoce como sistema de partidos,
sintéticamente definido por Pennings & Lane (1998) como una estructura de
cooperación y competencia entre partidos. Esta estructura funciona a su vez como
parte de un subsistema mayor, el político, al cual integra en combinación con otros
subsistemas como el electoral y el jurídico-institucional.
Las propiedades de un sistema de partidos se desarrollan históricamente, y
pueden cambiar a lo largo del tiempo. Algunas de las más relevantes son la
volatilidad –cambio agregado de votos entre elecciones—, la polarización –
distancia ideológica entre los partidos, por ejemplo en términos de izquierda-
derecha—, el número efectivo de partidos –de acuerdo a sus bancas parlamentarias
y no a sus votos—, la desproporcionalidad electoral –diferencia entre número de
votos y número de bancas— y la cantidad de dimensiones temáticas –que define la
estructura de clivaje del sistema (Lane & Ersson 1994).
La teoría de los sistemas de partido ha estado dominada por tres grandes
enfoques: el de la competencia espacial, el genético y el morfológico (Bartolini
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335
1998). El primero fue desarrollado por Downs (1957), abordando primariamente la
interacción competitiva entre partidos, y entre partidos y votantes, en espacios
ideológicos. El segundo evolucionó a partir de la obra de Rokkan (1970), dando
lugar a su ya mencionada interpretación de los partidos como producto de las
divisiones sociales y los conflictos de ellas derivados. El tercero se concentró sobre
las consecuencias del formato y la mecánica del sistema de partidos en el
rendimiento y estabilidad de la democracia, con Sartori (1976) como principal
referente. Aunque las polémicas respecto de la clasificación de los sistemas de
partido están todavía vigentes, desde que Sartori planteó su innovadora tipología la
mayoría de los desarrollos posteriores gira alrededor de ella, sea para
complementarla o para corregirla. El politólogo florentino propuso agregar a la
variable clásica –aquélla que considera al número de partidos como criterio
suficiente— una variable de control: la ideológica, que evalúa básicamente la
medida en que un actor del sistema se adecua a la dinámica de la competencia o
pretende, por el contrario, reducirla o eliminarla. En función de esta taxonomía
compleja, bidimensional, construye su teoría respecto de la estabilidad o fragilidad
de los sistemas de partido.
Antes de abordar la tipología sartoriana, sin embargo, es necesario
mencionar las dos importantes taxonomías postuladas por Duverger en la década de
1950 y por La Palombara y Weiner en la del 1960 (Duverger 1951; La Palombara &
Weiner 1966), sobre –o contra— las que Sartori edificó la propia. El primero
caracterizó todo escenario en el que actúen partidos como un continuo
unidimensional, cuyos extremos están definidos por las posiciones ideológicas
"derecha" e "izquierda". Entre ellas, y de acuerdo al tipo de régimen, se ubican uno,
dos o más partidos, dividiendo a través de un sencillo criterio cuantitativo al objeto
de análisis en tres categorías: sistemas unipartidistas, bipartidistas y
multipartidistas. Los primeros serían propios de los países totalitarios, como la
Unión Soviética y sus satélites; los segundos son presentados como característicos
de las democracias estables, principalmente anglosajonas, de lo que se deduce una
superioridad funcional sobre los demás tipos; los últimos, en fin, manifiestan el
grado de fragmentación política existente en las democracias más inestables como
la IV República francesa, la Italia de posguerra o la Alemania de Weimar.
Este agrupamiento fue considerado insuficiente para destacar las diferencias
existentes entre casos que calificaban en la misma categoría, por lo que La
Palombara y Weiner propusieron para los sistemas competitivos una tipología
cuádruple: ideológico hegemónico, pragmático hegemónico, ideológico turnante y
pragmático turnante. El inconveniente fue que, al dejar de lado la variable numérica
considerando sólo la intensidad de la ideología y la presencia de alternancia, el
análisis resultaba demasiado general y perdía información relevante.
Finalmente, Sartori procedería a combinar la dimensión cuantitativa
(numérica) con una cualitativa (ideológica) que fungiera como variable de control,
a fin de establecer cuándo la variación en el número de partidos afecta a la
dinámica de la competencia, con efectos consecuentes sobre el sistema político
6
.
6
Previamente, Sartori había definido dos criterios que establecen qué partidos deben contarse. El primero
descarta a todos aquéllos que no tengan (o, mejor dicho, que no hayan tenido, ya que el modelo describe
A
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Para este fin definió un formato héptuple, subdividiendo las categorías de Duverger
de modo que el unipartidismo se desdoblara en tres clases: sistema a) de partido
único, b) de partido hegemónico y c) de partido predominante; el d)
bipartidismo permaneciera tal cual estaba, pero el multipartidismo, en cambio, se
desagregara en sistema f) de partidos limitado, g) extremo y h) atomizado. De
este modo, los casos donde sólo un partido está permitido (partido único) se
diferenciarían de aquéllos en los que, pese a la prohibición legal o fáctica de
triunfar, otros partidos pueden presentarse a elecciones (sistemas de partido
hegemónico). Estos últimos contrastarían, a su vez, con los países que permiten la
libre competencia pero en los que, sin embargo, gana casi siempre el mismo partido
(partido predominante). También es fundamental la distinción entre los sistemas
pluripartidarios según tengan más (pluralismo extremo) o menos (pluralismo
limitado) de cinco partidos. Este número no es mágico, afirma Sartori, sino que
alrededor de él se produce un cambio en el sentido de la competencia que la
transforma de centrípeta en centrífuga –considerando siempre un continuo
ideológico unidimensional.
En el cuadro anexo se compara la clasificación de Duverger con la tipología
de Sartori, y se observa el reagrupamiento que el último realiza de acuerdo a las
características de funcionamiento de los sistemas de partido –y no sólo con el
número de partidos.
SISTEMAS DE PARTIDO SEGÚN DUVERGER Y SARTORI
DUVERGER
SARTORI
Sistema de partido
Sistema de partido
Competencia
Característica
único
no
unipolar
Unipartidista
hegemónico
no
unipolar
predominante
sí
bipolar*
Bipartidista
bipartidario
sí
bipolar
limitado (moderado)
sí
bipolar
Multipartidista
extremo (polarizado)
sí
multipolar
atomizado
sí
multipolar
Las líneas horizontales recalcan la clasificación de Duverger, el grisado destaca en cambio la de Sartori.
* Con excepciones. La diversidad de formatos de este tipo es muy amplia.
post-facto realidades ya estructuradas) participación en el gobierno, ni siquiera como miembros de una
coalición. El segundo rehabilita a los partidos previamente descartados que, pese a estar excluidos del
gobierno, poseen la fuerza parlamentaria suficiente como para vetar sus iniciativas, y modifican de este
modo la dirección de la competencia: son generalmente partidos extremistas antisistema. Como se ve,
quienes no obtienen representación parlamentaria ni siquiera son considerados (Sartori 1976: 156/7).
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Una cualidad del nuevo ordenamiento reside en que permite determinar
claramente la presencia o ausencia de competencia, hecho que el modelo anterior
no describía fielmente. Ello habilita subsecuentemente a evaluar la mecánica de los
casos competitivos, que puede desarrollarse en forma bipolar, moderada o
centrípeta – equilibrando el sistema político— o, por el contrario, de modo
multipolar, polarizado y centrífugo –en el que los partidos antisistema acumulan
votos y radicalizan la lucha electoral y parlamentaria, hasta provocar generalmente
el colapso del régimen.
En definitiva, lo fundamental de la innovación teórica introducida por
Sartori es que combina dos variables relativamente ponderables para lograr una
matriz de análisis compleja, con la que explica las causas de la estabilidad o
inestabilidad de los sistemas partidarios y permite predecir rupturas –y prescribir
soluciones de ingeniería institucional— para los regímenes democráticos (Sartori
1994).
Dado que los condicionantes históricos y culturales son más estáticos y
menos manipulables que los políticos, el acento de los proyectos de reforma del
sistema partidario se ha colocado tradicionalmente sobre la variable institucional, y
en particular sobre los sistemas electorales. Éstos están constituidos por las
regulaciones jurídicas que estipulan quiénes ejercen el derecho al sufragio, de qué
manera lo efectúan, cómo se cuentan los votos y cómo se traducen en cargos.
El primero en esbozar una teoría sobre los efectos del sistema electoral en
los sistemas de partido fue Duverger, quien postuló las (luego mal llamadas) leyes
conocidas con su nombre: una fórmula mayoritaria –de simple pluralidad— en
distritos uninominales favorece un sistema de dos partidos; una fórmula
proporcional en distritos plurinominales tiende al multipartidismo; y un esquema de
mayoría absoluta con doble vuelta promueve también la competencia entre varios
partidos (Duverger 1951). Siendo así, la decisión política de implementar una u otra
forma depende del objetivo buscado: si lo que se pretende es maximizar la
representación de los diversos grupos sociales conviene adoptar el criterio
proporcional; si, en cambio, se priorizan la ejecutividad y la elaboración de
mayorías de gobierno, resulta más apropiada la elección por simple mayoría
(plurality).
La polémica en torno a las leyes de Duverger alimentó buena parte de la
bibliografía académica sobre el tema durante las cuatro décadas posteriores a su
publicación. Hoy en día, los trabajos de Dieter Nohlen (1978) y Sartori (1992) han
virtualmente acabado con las objeciones: las relaciones percibidas por Duverger
deben ser entendidas no como determinantes, sino en tanto refuerzo o atenuación de
factores estructurales más estables (tales como el grado de fragmentación social y la
cultura política) y en cuanto complemento de otras dimensiones políticas (como la
disciplina de los partidos, su fortaleza organizativa y el diseño institucional de los
poderes de gobierno).
La influencia de los sistemas electorales sobre los sistemas de partidos fue
exhaustivamente estudiada por Arend Lijphart (1995). Los efectos de la fórmula de
representación, la magnitud de los distritos, el umbral electoral y el tamaño de
la asamblea sobre el número efectivo de partidos y su mecánica de interacción son
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338
descriptos en otro capítulo de este libro. Baste aquí señalar que también el régimen
político, según sea presidencialista como en América o parlamentario como en
Europa, ejerce un impacto decisivo sobre la cantidad de partidos relevante,
reduciendo su número en el primer caso (Shugart & Carey 1992). Otro elemento
que afecta la organización y desempeño partidario es el federalismo, que obliga a
los actores políticos a definir estrategias y objetivos en dos niveles autónomos. Por
último, la posibilidad que ofrecen algunos sistemas electorales de realizar acuerdos
para sumar sus votos, sea mediante una segunda vuelta electoral o a través de la
cartelización –o apareo— de etiquetas partidarias diversas, amplía las
oportunidades de los partidos pequeños para acceder a escaños legislativos –y de
los partidos mayores para llegar al ejecutivo (Lijphart 1995).
Actualmente hay una nueva veta en el estudio de los sistemas de partido, que
ofrece un desarrollo promisorio. Se trata de los nuevos escenarios generados por los
procesos de integración regional, los cuales crean nuevas arenas de interacción
política y proponen a los partidos nacionales originales espacios de crecimiento.
Pese a que el único caso que ha alcanzado cierto estadio de madurez es el de la
Unión Europea (UE), la literatura sobre el tema se ha expandido sin pausa a lo largo
de la última década. La UE presenta dos características únicas a este respecto:
posee un Parlamento regional conformado mediante elecciones periódicas en los
quince países miembros de la unión, y ostenta una red de federaciones partidarias
que reúnen a las familias de partidos nacionales del continente. El sistema de
partidos europeo estaría constituido, entonces, como un complejo mecanismo de
tres niveles: los partidos nacionales, los bloques legislativos en el Parlamento
Europeo y las federaciones transnacionales de partidos. Mientras algunos observan
escépticamente la posibilidad de constituir un verdadero sistema transnacional de
partidos (Bardi 1994), dados los escasos poderes del Parlamento y la laxitud de las
federaciones partidarias, otros sostienen la existencia actual y real de tal sistema, y
le pronostican una mayor consolidación en el futuro (Hix & Lord 1997).
La crisis y los desafíos
Los problemas de gobernabilidad que aquejan a las sociedades
contemporáneas, particularmente a las democracias, no han dejado indemnes a
quienes son sus principales agentes de gestión. Así es que la crisis fiscal del estado
de bienestar y la sobrecarga de demandas que agobia a los gobiernos han
transmitido sus efectos deslegitimadores sobre los partidos, que han visto reducirse
progresivamente sus bases de identificación social y sus márgenes de autonomía
institucional respecto de, fundamentalmente, la prensa independiente, las
asociaciones de interés y los grandes grupos económicos.
Este fenómeno ha sido genéricamente calificado como crisis de
representatividad, haciéndose especial hincapié en el hecho de que los partidos ya
no responderían a las exigencias de los ciudadanos (revalorizados en su
individualidad, en oposición a la categoría de masas con que anteriormente se los
definía) sino a sus propios intereses y los de sus dirigentes, alejándose del sujeto al
que decían responder. Sin embargo, la utilización del ambiguo término crisis para
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caracterizar la realidad descripta permite ir más allá de la visión pesimista de
quienes se manifiestan contra los partidos, para abarcar también las oportunidades
de transformación que se abren ante estas vapuleadas –pero hasta hoy
irremplazables— organizaciones.
En esta línea de argumentación, no puede obviarse que una de las más
enriquecedoras contribuciones al análisis de los partidos fue la realizada por Lipset
y Rokkan (1967), quienes justamente rastrearon el origen de los partidos
occidentales en una serie de crisis históricas. Estas grandes fracturas sociales
fueron, en Europa, cuatro: la primera enfrentó, luego del desmembramiento de los
grandes reinos medievales, a las zonas del centro imperial contra las de la periferia,
dando nacimiento a los partidos centralistas o nacionales y a los separatistas o
regionales; la segunda dio lugar, ante los intentos de unificación de los estados
nacionales, a una violenta oposición de los poderes terrenales de la Iglesia, que
temerosa de ver disminuidas sus atribuciones sobre los territorios reorganizados
encabezó la lucha contra los monarcas seculares y protestantes, fundando los
partidos confesionales en oposición a los laicos; la tercera abonó una secular
rivalidad entre el campo y la ciudad, eje sobre el cual se organizaron los partidos
urbanos y agrarios, divididos en torno a la cuestión de la industrialización; por
último, la más profunda de las líneas de ruptura producidas en la edad moderna fue
la que enfrentó al capital y el trabajo, conformando la estratificación en clases
sociales que caracteriza a las sociedades occidentales del siglo XX –principalmente
porque, a diferencia de las demás, esta escisión se manifestó en todas las
comunidades nacionales dando lugar a, por un lado, los partidos obreros, y por el
otro, los burgueses.
Como se ve, la utilización misma del concepto de crisis data del origen
histórico de los partidos y se funde con sus identidades, lo que disminuye la
novedad de su valor para describir la situación actual. Más bien, los problemas
contemporáneos pueden ser entendidos tal como hace Manin con la idea de la
representación: como transformación –o, en sus términos, como metamorfosis
(Manin 1993). El modo en que se resuelvan los dilemas planteados determinará el
tipo de organización que predomine en el futuro, ya sea en el sentido de reforzar la
autonomía de los partidos respecto del ambiente e incrementar sus estrategias de
predominio o, más probablemente, en el de obligarlos a adaptarse más
simbióticamente al entorno –con el costo de reducir sus márgenes de acción.
Los desafíos que pusieron en riesgo la capacidad de gestión de los partidos,
hasta la fecha, variaron tanto en su naturaleza como en sus consecuencias. De
hecho, algunos fenómenos contribuyeron a definir nuevos roles partidarios,
constituyéndose en elementos complementarios en vez de competitivos. Tales los
casos del neocorporativismo y de los medios de comunicación social: en un caso,
las prácticas centroeuropeas de procesar los conflictos laborales a través de la
negociación directa entre empresarios y trabajadores generó un mecanismo de
acuerdos paralelo a los sistemas de partido, conciliando la representación de
intereses y la político-territorial a través de la delegación en la primera, por parte
del estado, de ciertas facultades de orden público, pero manteniendo a la vez su
poder de regulación última. Como afirma Philippe Schmitter, el neocorporativismo
A
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–también llamado corporativismo liberal o societal— se diferencia del
corporativismo totalitario –o estatal— propio del fascismo porque surge desde
abajo, y sólo es reconocido por el estado a posteriori de la efectiva monopolización
del poder por sus partes –las organizaciones del capital y el trabajo (Schmitter
1974).
En el caso de la masificación de los medios de comunicación, lo que se ha
producido es la prescindibilidad de los partidos como comunidades de sentido,
como otorgadores de significación de la realidad social. En cambio, la información
imparcial y supuestamente neutral de la prensa independiente ha reemplazado a las
"tribunas de opinión" y a los órganos partidarios de difusión de doctrina. A la vez,
en combinación con la educación básica obligatoria –generalmente pública—, los
medios de comunicación masiva se han constituido en formadores de valor y
socializadores esenciales de los individuos.
Por otro lado, las transformaciones de la estructura social, en el sentido de
diversificación de la estratificación socioeconómica, han diluido la imagen clásica
del antagonismo dual de clases, donde la identidad de cada grupo era relativamente
fija e inmutable. En cambio, junto con las identidades fijas agonizan hoy los
electorados cautivos, globalizándose cada vez más el fenómeno de la volatilidad del
voto que incrementa la imprevisibilidad de los procesos políticos.
Como consecuencia del aumento de la complejidad social, a partir de los
años 60 se ha expandido el fenómeno de los nuevos movimientos sociales en todo
el mundo occidental, llegando a manifestarse –como movilizaciones pro-
democratizadoras— incluso en países no occidentales que carecen de un régimen
liberal. Estos agrupamientos de carácter relativamente espontáneo, con
motivaciones del tipo de demanda única, reclaman antes autonomía que
representación, impugnando la legitimidad del viejo sistema institucional para
tomar decisiones que afecten ciertas áreas o intereses. Los más conocidos de estos
movimientos han sido los ecologistas o verdes, los feministas y los pacifistas, que
han enriquecido el proceso político sea transformándose en partidos, sea
preservándose como actores sociales qeu influyen pero no participan de la
competencia electoral. Aunque las expectativas que los movimientos sociales
generaron alguna vez, respecto de su capacidad para reemplazar a los partidos, se
han disuelto en ilusión (Offe 1988), su impacto sobre la política en las últimas
décadas ha sido trascendente.
La más riesgosa encrucijada que enfrentan los partidos en la actualidad es
una fuerte embestida antiestablishment, ejercida como rechazo al monopolio
partidario de las candidaturas y en tanto revalorización del rol de la ciudadanía sin
intermediación (Panebianco 1982). Esta actitud se manifiesta en la proliferación de
outsiders –personajes sin trayectoria política que, desde afuera de los partidos, se
promueven como alternativas a las viejas dirigencias, alegando ejecutividad y
relación directa con la gente. Potenciados a través de los medios, principalmente la
televisión, los ejemplos más conocidos de estos nuevos líderes pueden encontrarse
tanto en países con partidos débiles como los Estados Unidos cuanto en aquéllos
con fuertes historias partidarias como Italia, con la misma facilidad que en
C
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sociedades con sistemas de partido gelatinosos como Brasil o agotados como Perú y
Venezuela.
Peter Mair (1994) ha desarrollado un innovador marco conceptual para
entender la transformación contemporánea de los partidos. Su tesis, como la de
Manin, sostiene que el proceso que están sufriendo estos actores debe ser concebido
como cambio o adaptación antes que como declinación. El fundamento empírico de
tal teoría está expuesto en una serie de estudios de caso, que abarcan varios países
de Europa Occidental, los Estados Unidos y la India. A través de una nueva
perspectiva del desarrollo de la organización, se aborda allí el desempeño partidario
reciente en tres niveles: el partido en el terreno – party on the ground—, el
partido en el gobierno –party in public office— y el partido en el comité –party
in central office.
7
La evidencia expone que, pese a que en el primer nivel se
manifiesta un descenso en la tasa de afiliación o adscripción partidaria, en los otros
dos hay sendos aumentos en términos de empleados y de recursos partidarios,
abrumadoramente provistos por el estado. Mair sugiere provocativamente un
cambio en la concepción tradicional de los partidos: ya no serían intermediarios
entre el estado y la sociedad, sino que el estado se habría transformado en nexo
entre la sociedad y los partidos. En consecuencia, los partidos son hoy más fuertes,
pero más remotos; tienen mayor control pero menos poder; y gozan de más
privilegios pero menor legitimidad. Habiendo surgido como representantes de la
sociedad ante el estado, el fin de siglo encuentra a estas instituciones ejerciendo el
rol contrario.
Las transformaciones sufridas por los partidos en su viaje histórico desde la
sociedad hacia el estado se resumen en el concepto de partido cartel, introducido
por Katz y Mair (1995) a mediados de 1990. El argumento sugiere que el cartel
party sucede histórica y funcionalmente al catch-all party, cristalizando una
separación rotunda entre la ciudadanía (o principal) y los representantes partidarios
(o agentes). La insatisfacción que el electorado de las democracias postindustriales
manifiesta hacia sus partidos y sus órganos institucionales de representación, el
deficit de gobernabilidad denunciado desde la década de 1970, la aparición de
nuevos partidos liderados por outsiders y la reducción de la participación electoral
serían algunos de los signos visibles de esta tendencia. Por el contrario, otros
autores cuestionan la aplicabilidad del concepto al sostener que la insatisfacción
ciudadana ha generado partidos más receptivos y responsables a las demandas del
electorado –y no menos (Kitschelt 2000). Esa mayor sensitividad se manifiesta en el
desdoblamiento del representante para atender a múltiples grupos de un electorado
fragmentado, lo cual genera –como efecto no deseado— la alienación de amplios
sectores que no son interpelados debido a la ausencia de un discurso incluyente.
7
Alan Ware (1996) efectúa una aguda crítica a versiones previas de esta clasificación; ello no afecta, sin
embargo, la utilidad de la distinción –más refinada en Mair— para evaluar el cambio partidario.
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El caso argentino
En la República Argentina, al igual que en el resto de América Latina, los
partidos responden a un patrón de desarrollo visiblemente distinto del modelo
clásico europeo. La matriz social en la que nacieron los partidos políticos estaba
vaciada en un molde preindustrial, de urbanización tardía, con tradiciones populares
que se hallaban más arraigadas en valores de la época de la conquista o
provenientes del África negra antes que en los introducidos por los pensadores
iluministas. El proceso de descolonización y la necesidad de construir una nueva
autoridad legítima llevó además a los líderes posrevolucionarios a aborrecer las
diferencias internas, pretendiendo suprimirlas con el fin de fortalecer algún tipo de
identidad nacional que consolidara la meta independentista. En esta lucha, la
alternativa entre civilización o barbarie –sostenida por unos— o entre religión o
muerte –enarbolada por otros— se inclinó hacia quienes más se aproximaran al
sentir predominante de las masas populares, desplazando del poder (y, muchas
veces, hasta del mismo territorio) a los que disentían con la postura triunfante.
El caudillismo monista –en el sentido de no pluralista— del siglo XIX y el
populismo (más o menos) orgánico del siglo XX son dos manifestaciones históricas
de la misma saga, que concibe a la acción política como producto de un
movimiento nacional unitario cuyos enemigos son externos (o cipayos), ya que la
nación es única y no admite divisiones legítimas (Shumway 1993). Cómo se ve, las
facciones no están muertas para este pensamiento, y los partidos no son concebidos
como algo diferente.
Seymour Lipset, en su análisis sobre los orígenes de Estados Unidos (Lipset
1963-79), señala que las causas del éxito en la formación de aquella sociedad
pluralista y democrática se asentaron sobre dos pilares. El primero lo constituyó la
personalidad tolerante y pragmática de su carisma fundante, que permitió que
Alexander Hamilton y Thomas Jefferson cointegraran el inaugural gabinete federal
a pesar de ser los cabecillas de grupos políticos enfrentados: si George Washington
no hubiera gozado de aquellas virtudes, probablemente la guerra civil no habría
tardado tanto en estallar. El segundo motivo de la sólida instauración de la
república fue el pronunciado debilitamiento que sufrió el Partido Federal luego de
perder las elecciones de 1800, que culminaría años después en su virtual
desaparición. Con esto Lipset quiere significar que, cuando las fuerzas de las dos
fracciones estuvieron parejas, hubo un poder superior que las moderó; y cuando el
equilibrio se rompió, la languidez de la amenaza minoritaria hizo innecesario el
ejercicio de prácticas autoritarias por parte del sector más numeroso.
En Argentina, en contraste, el primer recambio pacífico de gobierno entre
distintos partidos se dio en 1916, mediante la elección por sufragio universal
masculino de Hipólito Yrigoyen para la presidencia de la nación. La segunda se
repitió en 1989, con la transferencia del mando de Raúl Alfonsín a Carlos Menem;
en las demás oportunidades se registra una serie numerosa de golpes de estado,
revoluciones frustradas, fraudes electorales o hegemonías persistentes, escenario
que constituyó el marco institucional en el que muchos partidos surgieron y
actuaron –y al que contribuyeron a desarrollar.
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Una rápida síntesis histórica de los partidos argentinos justifica sólo tres
menciones: el Partido Autonomista Nacional, la Unión Cívica Radical y el Partido
Justicialista. El primero, una fiel versión del partido europeo de notables, fue
creado en los hechos por Julio Argentino Roca, que se apoyó en él para construir su
sistema de dominación –regente de los destinos del país entre 1880 y 1906. A partir
de entonces, el partido se mantuvo en el gobierno durante una década más; pero una
vez que lo perdió en elecciones abiertas, jamás pudo recuperarlo en el marco de las
reglas constitucionales. El PAN terminó desintegrándose en varios partidos
provinciales o incorporando a sus dirigentes en las nuevas estructuras peronistas.
Basado en la cooptación de las camarillas dominantes en las provincias del interior,
en combinación con el poder de estratégicos caudillos porteños y contando con los
recursos del gobierno central, el funcionamiento de la máquina roquista fue
detalladamente descripto por Natalio Botana (1977).
La Unión Cívica Radical, por su parte, es el más viejo de los actuales
partidos nacionales. Fundada en 1891 por un desprendimiento de la elite gobernante
liderado por Leandro N. Alem, la UCR se transformó merced a la acción de
Hipólito Yrigoyen en representante de los excluidos sectores medios, la mayoría de
origen inmigratorio, y en 1916 accedió al gobierno federal como resultado conjunto
de la reforma electoral realizada cuatro años antes y el voto popular.
El radicalismo fue el primer partido moderno del país, con un sistema de
comités locales y provinciales, una convención y un comité nacional y un estatuto
orgánico. Sin embargo, jamás edificó una burocracia profesional interna, y continuó
actuando, en la oposición, como un impugnador del régimen que enfrentaba, y en el
gobierno, como una estructura clientelista que utilizaba el empleo público para
recompensar a sus seguidores. De todos modos, su misión más trascendente fue la
democratización de la vida pública del país y la incorporación política de
importantes sectores sociales, hasta entonces apartados de la arena electoral (Rock
1975); y aunque su éxito relativo se vio opacado por el golpe de 1930, el avance
realizado en términos de participación popular ya no pudo ser encubierto más que
temporariamente bajo recursos de fuerza.
Así como la UCR surgió a partir de la crisis económica de 1890, pero sobre
todo en tanto expresión de rechazo al denunciado unicato del gobierno de Juárez
Celman –con lo que ello significaba en términos de corrupción de los valores y
prácticas políticas—, medio siglo después la emergencia del fenómeno peronista
iba a manifestarse como retrasada consecuencia de la crisis mundial de 1930. A
través de un liderazgo fuertemente estado-céntrico, las demandas de los nuevos
sectores populares urbanos pasarían a ser canalizadas masivamente para sostener un
régimen que toleraba a los partidos, pero con indisimulada sospecha. En la
comunidad organizada, el proyecto de Juan D. Perón, no había necesidad de
divisiones políticas en el sentido tradicional de la democracia burguesa. En cambio,
cada sector de la colectividad, principalmente los del capital y el trabajo, debían
concertar bajo la planificación estatal las políticas nacionales de desarrollo
independiente (Waldmann 1974).
Para esta concepción organicista, tributaria de las visiones mussoliniana y
franquista en boga en Europa durante los años 30 y 40 respectivamente, el partido
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no era más que la herramienta electoral del movimiento nacional, único
representante legítimo de la tradición histórica y del sentir popular de la comunidad.
Y como el movimiento nacional podía ser, por definición, sólo uno, los demás
partidos fueron considerados como imbuidos de los móviles facciosos que la
definición académica ya había logrado desterrar.
Contra quienes ven en el después llamado Movimiento Nacional Justicialista
al germen contemporáneo de la intolerancia argentina, debe afirmarse la verdad
histórica de que el radicalismo también se consideraba inicialmente a sí mismo
como único representante de la civilidad, en tanto pretendía expresar la “causa de la
reparación popular”, religión laica que reuniría al conjunto de la civilidad contra el
“régimen falaz y descreído” (en palabras de Yrigoyen). El mentado régimen incluía
a todos los miembros de la vilipendiada oligarquía hasta entonces gobernante junto
con quienes, habiendo violado la intransigencia alemista, habían acordado con ellos
aunque más no fuera su concurrencia electoral.
Convertido en funcionario de gobierno mediante un golpe de estado, Perón
fue escalando posiciones amparado por una política laboral que le brindó
importante apoyo de las clases trabajadoras. En 1946 ganó limpiamente las
elecciones contra una coalición de todos los demás partidos (UCR, Democracia
Progresista, Socialismo y Comunismo), consolidando así una profunda división que
se extendería por años. Las medidas de incorporación política y de redistribución
económica adoptadas por su gobierno insuflaron una duradera identificación en los
sectores trabajadores con la figura del presidente, que se reflejó en las mayorías
electorales que su partido
8
obtuvo en cada compulsa ciudadana desde entonces.
Tanto la Unión Cívica Radical como el Partido Justicialista, en sus periodos
de auge –1912-1943 y 1946-1976 respectivamente—, resultaron imbatibles en
elecciones no fraudulentas. Sumando a ello sus sendas convicciones sobre la
ilegitimidad de cualquier alternativa diferente a la propia, queda constituido el
marco de lo que Grossi y Gritti denominarían más tarde "sistema a doble partido
con intención dominante" (Grossi & Gritti 1989: 53). Esta definición es la más
ajustada que se haya dado hasta ahora entre quienes aceptan la existencia de
características peculiares y persistentes en el escenario formado por los partidos
argentinos. Se hace referencia de ese modo a un formato electoral en el que dos
organizaciones se enfrentan por la obtención del gobierno, en condiciones tales que
sólo una está en condiciones de ganar; pero la que lo hace pretende que tal situación
es la única legítima. Más allá de que en algún momento la situación de predominio
haya derivado en voluntad de hegemonía, el hecho es que la precariedad del modelo
–y la esperable irreversibilidad democrática— obligaría a pensar hoy en algún tipo
de corrimiento, ya sea hacia el lado del pluralismo moderado, del bipartidismo o del
partido predominante.
Otra interpretación acerca de la evolución del sistema partidario en
Argentina es la planteada por Torcuato Di Tella (1971/72). Este autor ofrece la
8
Candidateado en 1946 por los partidos Laborista y UCR Junta Renovadora, Perón los unificó más tarde en
el Partido Unico de la Revolución Nacional, inmediatamente renombrado Partido Peronista y luego,
finalmente, Partido Justicialista.
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paradoja de haber predicho, con mucha anticipación, la imagen –en negativo— que
parece estar tomando hoy la disposición de los partidos, pese a trabajar dentro del
marco teórico de un llano reduccionismo sociológico. Su esquema parte de una
visión de la sociedad como dividida fundamental e irremediablemente entre dos
sectores, enfrentados –en estilo marxista— por la propiedad y el control de los
medios de producción. En este contexto, las posibilidades de acción política de
parte de los líderes son también dos: o representan a las clases populares y compiten
electoralmente contra quienes defienden los intereses de la burguesía, o bien se
integran con estos últimos en partidos policlasistas de índole movimientista (a la
manera del PRI mexicano entre 1928 y 1994). Ambos escenarios concebían al
peronismo como el actor central del sistema político, de cuya decisión dependería el
resultado final. Si el PJ decidía alinearse estrictamente con las clases bajas, al
radicalismo le cabría el rol de representar a los sectores medios. Si, en cambio, el
peronismo optaba por una salida “a la PRI”, la UCR se hubiera quedado sin espacio
que ocupar ni base que representar. Su alternativa de hierro consistiría, según el
esquema de Di Tella, en aceptar la función de partido burgués –que, en tanto
movimiento popular, siempre había rechazado— o desaparecer. En este último
caso, el peronismo podría subsecuentemente integrar a los sectores dejados
huérfanos por el radicalismo, o bien escindirse en dos partidos: uno que captara a
las clases bajas y otro que hiciera lo propio con los sectores medios. El surgimiento
del Frente Grande –luego transformado en Frente por un País Solidario
(FREPASO)— a partir de las elecciones de 1994 representó, durante algunos años,
esta segunda opción. Sin embargo, la concreción de la Alianza por el Trabajo, la
Justicia y la Educación (Alianza), concretada entre la UCR y el FREPASO en 1997,
desactivó semejante expectativa y condujo a una mecánica bipolar, en la que un
formato pluralista limitado reconstruyó las posibilidades de alternancia partidaria –
alternancia que, novedosamente, no pone en riesgo la estabilidad democrática.
Según otros autores, en contraste, la dinámica y cambio de la situación
partidaria argentina habría obedecido a la inexistencia real de un sistema de
partidos (De Riz 1986). El motivo es que la consolidación estructural del sistema
habría requerido más tiempo de funcionamiento continuado que el permitido por los
sucesivos quiebres institucionales. Ello ha desviado el diseño de estrategias de los
partidos, que no se han construido en función de los demás partidos sino respecto
de actores extra-institucionales como los militares. Un derivado de esta postura ha
sido desarrollado para América Latina por Scott Mainwaring y Timothy Scully
(1995), quienes proponen la variable institucionalización como eje fundamental
para la clasificación de los sistemas partidarios. Este enfoque, original y sugestivo,
requiere sin embargo una mayor precisión conceptual, ya que en la literatura existe
cierta confusión acerca de si el estudio de la institucionalización se centra en los
partidos o en los sistemas de partidos (Randall & Svåsand 2002).
En consonancia con la tesis de De Riz acerca de la inexistencia del sistema,
aunque con un énfasis más moderado, Marcelo Cavarozzi ha afirmado que la
debilidad como tal del sistema partidario argentino convive con una importante
identificación de grupos sociales en torno de los partidos, conformando fuertes
subculturas –cuyo enfrentamiento dará lugar a la idea del bipartidismo polarizado
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(Grossi & Gritti 1989). Este marco, y en mayor medida el planteado por Edgardo
Catterberg de bipartidismo a secas (Catterberg 1989), resultó relativizado por las
elecciones realizadas entre 1993 y 1995, en las que el declive de la UCR fue
acompañado por el ascenso de terceras fuerzas –nacionales y provinciales— cuyas
perspectivas eran, aparentemente, de crecimiento. El tercer puesto de la UCR en las
presidenciales de 1995, detrás del candidato del FREPASO, pareció confirmar la
defunción del bipartidismo. Sin embargo, la victoria presidencial de la Alianza en
1999, con una fórmula encabezada por el radicalismo, dio por tierra con las
hipótesis tempranas de defunción. La reconfiguración del escenario político con el
cambio de siglo siguió así manifestando un bipolarismo –si no bipartidismo— que,
incentivado institucionalmente por la reforma constitucional de 1994, no hace más
que perpetuar la tradición político-electoral argentina.
Por último, una de las cuestiones que para la literatura política actual abre el
mayor interrogante acerca de la capacidad de gestión de las democracias es el
problema de la emergencia, entendida como disfunción (crisis) económica que
altera el escenario de acción de los grupos sociales y trastorna sus marcos de
referencia valorativos. En este contexto, todas las instituciones de gobierno –
incluyendo a los partidos— se adaptan a la necesidad de ejecutividad y resultados
por sobre la deliberación y los procedimientos formales, generándose como
resultado un principio orientador basado en la eficacia –en tanto fuente primordial
de legitimidad (Zuleta Puceiro 1994).
El decisionismo, la modalidad frecuentemente elegida por los países en vías
de desarrollo para superar la emergencia, gozó de amplio respaldo en América
Latina durante la década de 1990. En un primer momento, el método pareció tener
éxito en su objetivo de alcanzar la estabilidad mediante un amplio apoyo electoral.
Hoy, sin embargo, se torna cada vez más evidente que el deterioro institucional, el
bajo rendimiento económico y la polarización social son consecuencia duradera de
los cambios impulsados mediante tal estrategia.
Si es cierto el apotegma de que no existen en el mundo democracias sin
partidos, también podría afirmarse uno de sus corolarios: que la calidad de la
democracia depende de la calidad con que sus partidos representan, reclutan y
gobiernan. A juzgar por los resultados, los partidos políticos latinoamericanos se
encuentran todavía lejos del nivel ideal.
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